Existen determinadas situaciones en el marco de un proceso que afectan la totalidad
del acervo probatorio e impiden que el gobernado tenga un juicio justo, generando un
efecto corruptor que incide indefectiblemente en la eficacia de la prueba de cargo
empleada por el Estado. Es importante analizar los escenarios en los que esta figura
se ha verificado (casos Cassez y del privilegio abogado cliente) y diferenciarla de la
doctrina de la prueba ilícita, figura que tiene distintos alcances y excepciones..